La compañía cobró la identificación de llamadas sin el consentimiento de los clientes. La Generalitat impuso una multa de 500.000 euros a la operadora.

Telefónica deberá asumir una sanción de casi medio millón de euros por cobrar el servicio de identificación de llamadas sin el consentimiento de sus clientes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado la sanción impuesta por la Generalitat de Cataluña después de que la principal operadora española hubiera recurrido la resolución. La operadora tiene intención de volver a recurrir ante el Tribunal Supremo.

La compañía alegó en su recurso que el servicio estaba contratado desde 2001 hasta 2008 pero que no fue hasta después cuando se empezó a cobrar a los clientes de Telefónica, tras habérselo comunicado. La empresa asegura que tras anunciar su intención de empezar a cobrar el servicio, 0,5 euros, dio la posibilidad a sus clientes de renunciar a este llamando al número de atención telefónica de la operadora.

Los magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC consideran, no obstante, que "el silencio" no "puede entenderse como aceptación del servicio de pago y prestación del consentimiento". El fallo se refiere al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, que señala que "en la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar" y que "en ningún caso la falta de respuesta a la oferta de contratación a distancia podrá considerarse como aceptación de esta".

La Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas (Aseta) defiende cobrar peajes a todo tipo de vehículos por circular en la red de carreteras de alta capacidad dependientes de todas las administraciones, que suman unos 8.000 kilómetros.

La patronal que preside José Luis Feito calcula que esta medida permitiría recaudar entre 8.000 y 12.000 millones de euros anuales, una vez que el peaje estuviera plenamente implantado en toda la red.

Aseta defiende que con esta iniciativa se obtendrán recursos necesarios para atender el mantenimiento de la red viaria. No obstante, también apunta que parte de estos fondos podría destinarse a fomentar el cambio de vehículo hacia otros menos contaminantes, a potenciar el transporte de mercancías en tren y el transporte público.

La patronal argumenta además que la implantación del cobro por uso de las infraestructuras viarias es una tendencia creciente en Europa, dado que los Estados cada vez cuentan con menos recursos públicos para infraestructuras.