Mancomunidad Comarca de Trujillo

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, órgano dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), ha iniciado una campaña informativa sobre el sector de talleres de reparación de automóviles que se desarrollará durante el mes de mayo y versará sobre el procedimiento a seguir a la hora de utilizar los servicios de un taller de reparación de automóviles.

El automóvil, como cualquier bien de consumo duradero, es susceptible de averiarse. Además, es habitual acudir a un taller mecánico, tanto para una puesta a punto previa a la salida de un viaje, como para alguna revisión periódica. El sector de los talleres mecánicos genera no pocas reclamaciones, por eso es importante conocer bien los derechos del consumidor y saber defenderlos si se consideran vulnerados.

Desde el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor se considera de vital importancia informar a los consumidores de sus derechos y obligaciones, con el fin de evitar posibles fraudes a este respecto.

Para el desarrollo de esta campaña se realizarán diversas acciones en las localidades que conforman la mancomunidad Comarca de Trujillo, llegando así a gran parte de su población, al tiempo que se difundirá a través de los medios de comunicación y diversas charlas informativas.

Fuente de la noticia: INFOCONSUMO

La OCU exige al Gobierno claridad y transparencia en el proceso de nacionalización y las consecuencias para los ciudadanos. Después de que Mariano Rajoy hiciera públicas sus intenciones desnacionalizar Bankia, la organización de consumidores Facua ha advertido al presidente del gobierno que "tiene en sus manos" la posibilidad de convertir esta entidad en una banca que actúe "con ética frente a sus clientes".

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, avisa de que existe el riesgo de que esta acción sea "una mera operación de saneamiento para devolverla después al mercado".

Por ello, Sánchez ha reclamado a Rajoy "transparencia con los ciudadanos" en relación a las actuaciones del Gobierno sobre Bankia y sus objetivos a medio plazo.

También demanda que el parque de viviendas de Bankia "se destine a venta y alquiler a precios justos y paralice los desahucios que viene llevando a cabo la entidad".

Otra de las peticiones que realiza Facua es el cese "inmediato" del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, "por el incumplimiento de sus obligaciones de controlar el sector bancario y mirar hacia otro lado ante los abusos sufridos por los usuarios".

La OCU también reclama "transparencia y claridad" Quien también ha mostrado su descontento es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que considera "injusto" que "sean finalmente los ciudadanos los que paguen las consecuencias de la crisis del sistema financiero" y que "los bancos, amparándose en su posición de dominio, se beneficien de estas ayudas sin contrapartida alguna para los ciudadanos".

Esta organización exige a la Administración transparencia y claridad, de forma que se conozca con detalle el plazo de las ayudas, el coste que tendrá para los ciudadanos y la forma en que las entidades devolverán estas ayudas o los mecanismos de recuperación de las mismas en caso de que esas devoluciones no se produzcan.

Además, denuncia que el origen de la crisis de solvencia del sistema financiero se encuentra en una regulación asimétrica e insuficiente que no ha protegido de forma eficaz los derechos de los usuarios e inversores. Por ello, insta al Ejecutivo a que a la vez que toma medidas para garantizar la solvencia del sistema financiero, modifique la legislación para la adecuada protección de los intereses de los ahorradores e inversores.

En el comunicado que publican también lanzan "un mensaje de tranquilidad" a todos los clientes de la entidad Bankia ante la multitud de consultas que está recibiendo. Destaca que el Banco de España, que es el organismo regulador que más conoce la entidad ha afirmado que "BFA Bankia es una entidad solvente que sigue funcionando con absoluta normalidad y que sus clientes y depositantes no han de tener motivo de preocupación".

El arrendador podrá recuperar la vivienda con más facilidad y se agilizan los desahucios, de los ocho años actuales a cuatro. El límite legal de los contratos de alquiler tendrá la mitad de duración, según el anteproyecto de ley destinado a dinamizar el mercado de arrendamiento de viviendas que analizó ayer el Gobierno.

El texto prevé que la prórroga forzosa -periodo durante el que el inquilino puede renovar el contrato sea cual sea la duración pactada-sea de tres años frente a los cinco actuales. A su vez, el periodo de prórroga tácita automática, que desde la aprobación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) a mediados de los 90 es de tres años, será de solo uno.

Además, se garantizará que el arrendador «pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato ni hubieran transcurrido cinco años desde su firma». El requisito es que el dueño «necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad matrimonial». Como contrapartida, el arrendatario podrá desistir del contrato en cualquier momento siempre que lo comunique con un mes de antelación. El contrato podrá prever una indemnización para el propietario.

Los altos cargos que falseen la contabilidad serán inhabilitados durante diez años. Defraudar a la Seguridad Social se castigará con hasta seis años de cárcel.

El Consejo de Ministros aprobó ayer modificar el Código Penal para endurecer las penas contra los defraudadores y los gestores que malversen los fondos públicos. El Gobierno pretende aumentar de dos a seis años (en lugar de uno a cinco) la pena para los delitos fiscales más graves, aquellos que excedan de 600.000 euros o que sean cometidos por una organización criminal. Además, el plazo de prescripción se doblará de cinco a 10 años. Curiosamente, el Gobierno anterior propuso este mismo cambio y el PP en la oposición se opuso.

Para los contribuyentes que decidan colaborar, por el contrario, se introduce un atenuante, que permite rebajar la pena, si se devuelve lo defraudado en los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial o si se denuncia a otros estafadores. La administración podrá reclamar la cantidad expoliada mientras dure el trámite penal, para evitar que los defraudadores vendan sus bienes y se declaran insolventes.

El Ejecutivo endurecerá además las sanciones para las empresas que defraudan a la Seguridad Social. Las penas máximas pasarán de cinco a seis años y también se doblará a 10 años el periodo de prescripción para los supuestos más graves, como las empresas fantasma o los talleres clandestinos. Asimismo, se reducirá la cuantía mínima de defraudación, que pasará de 120.000 euros a 50.000 euros.

PENAS PARA LOS MALOS GESTORES

El Ejecutivo ha aprovechado además para introducir un nuevo delito contra los altos cargos que falseen la contabilidad y escondan, por ejemplo, que han incumplido el objetivo de déficit, con penas de hasta 10 años de inhabilitación, tal como había prometido.